Marisol Yague insiste en que ha sido utilizada y proclama su inocencia, mientras tanto el Ejecutivo ha aprobado remitir al Senado la
petición de la Junta de Andalucía para disolver el Ayuntamiento de
Marbella tras el encarcelamiento de su alcaldesa y cuatro concejales
por corrupción.Fuente: El País Al tiempo que toman declaración los diferentes acusados implicados en
la operación Malaya, el empresario Rafael Llopis se suma a la lista de
implicados, que ya aumenta a 24, en la trama de Marbella. Yagüe, recluida desde la madrugada del pasado sábado en la prisión
de Alhaurín de la Torre (Málaga), no comprende lo que está ocurriendo
en el municipio y cree que ha sido en todo este tiempo “tonta e
ingenua”.
Respecto a sus planes de futuro, las citadas fuentes han indicado
que Marisol Yagüe estudia su posible dimisión, que será sopesada con
sus representantes legales en los próximos días. Cuando le preguntan
sobre las presuntas irregularidades urbanísticas, Yagüe dice "que no
comprende lo que ha ocurrido".
La regidora, nacida en La Línea (Cádiz) hace 53 años, fue detenida
el pasado miércoles, y está acusada de los delitos de cohecho,
prevaricación y maquinación para alterar el precio de las cosas, si
bien el magistrado Miguel Ángel Torres cree que ha sido "una marioneta"
en manos del asesor de Urbanismo municipal, Juan Antonio Roca,
considerado el auténtico cerebro de la trama de corrupción.
Según el juez instructor, la alcaldesa recibió varios vehículos del
empresario Ismael Pérez, también en prisión, y, junto con cuatro
integrantes más del Ayuntamiento marbellí, aprobó unas tasas de
retirada de vehículos de la vía pública para pagar una deuda que tenía
con Pérez. Además, le adjudicó de nuevo la concesión de las grúas
municipales. El magistrado Torres entiende que estas personas diseñaron
asimismo un concurso público a su medida para que se les adjudicara el
alquiler de los vehículos del Ayuntamiento marbellí.
Pese a ello, Miguel Ángel Torres mantiene en un auto que Roca "es la
persona que dirige y controla totalmente las decisiones municipales por
encima de la alcaldesa". El juez instructor entiende que en el presente
caso concurren "motivos bastantes para adoptar la medida privativa de
libertad" y que existen razones para considerar a Yagüe responsable
criminalmente.
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