Antes de leer esta noticia quiero contar que cuando convivía el euro con la desaparecida peseta, al ir a comprar mis chicles de 1 durito ( 5 pesetas ) su precio en euros era de 5 céntimos!!!! por ahí empezó todo...TODOS nos robaron sin descanso, en lo pequeño y en lo grande...
Maldito EURO!
EFE - Madrid
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la
Vega, ha afirmado que el Proyecto de Ley
de Mejora de la Protección de los Consumidores aprobado hoy por el
Consejo de Ministros persigue las cláusulas abusivas y el redondeo y
facilitará darse de baja de los servicios.
La iniciativa "va más allá" de la directiva comunitaria en
protección de los consumidores ya que éstos son "la parte más débil" en
las relaciones contractuales, afirmó De la Vega en la rueda de prensa
posterior al Consejo de Ministros, en la que ha comparecido junto a la
ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado.
La vicepresidenta ha señalado que el proyecto de ley, que pasará en
los próximos días al Congreso, reconoce como conducta abusiva el hecho
de trasladar al comprador de una vivienda gastos que corresponden al
vendedor, como son las plusvalías o los gastos de conexión a servicios
básicos. La ley "incentivará el cómputo por tiempo real" en la
prestación de servicios, como en el caso de los aparcamientos, en
respuesta a la queja, "lógica, legítima y habitual", dijo, de los
consumidores ante el pago por fracciones.
De la Vega ha destacado que la nueva ley garantizará que sea tan
fácil darse de baja en un servicio como darse de alta. En este sentido,
el proyecto de ley establece que las bajas en la contratación deben
hacerse sin trabas adicionales y obliga a los operadores a prestar
información sobre los procedimientos a seguir, según ha explicado el
Ministerio de Sanidad y Consumo en una nota.
El incumplimiento de estas obligaciones se tipifíca como infracción
y pasan a considerarse "cláusulas abusivas" las trabas al ejercicio de
ese derecho o la imposición de requisitos como la pérdida de cantidades
abonadas por adelantado. Por su parte, la ministra de Sanidad y
Consumo, Elena Salgado, ha subrayado que el proyecto mejora la Ley
General de Consumidores de 1984 al tener en cuenta la aparición de
nuevos servicios, y de operadores con poder económico que "en algunos
casos han tenido la tentación de imponer cláusulas abusivas".
Salgado ha agregado que antes de que se produzca un caso concreto se
podrán eliminar las cláusulas abusivas con una acción de cesación por
parte de la autoridad competente, y ha subrayado que la norma supone el
fin de "la letra pequeña" de los contratos, ya que obliga a una
información contractual clara.
Las prohibiciones
Además equipara el tratamiento entre "cláusulas abusivas" y
"prácticas abusivas", pues no puede exigirse al consumidor el
cumplimiento de obligaciones sobre las que no se le haya informado
previamente con claridad. Asimismo se prohíbe el redondeo al alza en el
cobro de servicios, tanto en lo que respecta al tiempo de prestación
como al precio, así como cualquier cláusula que prevea el cobro por
servicios o productos no consumidos.
En el capítulo de vivienda, se prohíbe penalizar al comprador que no
se subrogue en el crédito hipotecario del promotor, o que se le pueda
trasladar el pago de las tasas o impuestos que corresponden al
vendedor, como, por ejemplo, las plusvalías. También prohíbe el cobro,
por medio de números de teléfono de tarificación adicional, de la
información obligatoria previa a cualquier contrato.
Con este proyecto de ley se legitíma que el Instituto Nacional del
Consumo, las Comunidades Autónomas y los municipios puedan demandar el
cese de prácticas contrarias a la Ley General de Defensa de los
Consumidores y Usuarios. A este respecto, se define que las
asociaciones de consumidores que pueden ejercer las citadas acciones
son las que están representadas en el Consejo de Consumidores y
Usuarios y las autorizadas por las legislaciones autonómicas en su
ámbito territorial.
La norma establece que para que una asociación acceda a la
denominación de Asociación de Consumidores y Usuarios debe estar
inscrita en el Registro Nacional y no tener ánimo de lucro. Además,
estas Asociaciones deberán mantener la independencia en sus
actuaciones, no realizar comunicaciones comerciales de bienes y
servicios y no percibir ayudas económicas o financieras de las empresas
que suministran bienes o servicios a los consumidores o usuarios, entre
otras condiciones. El proyecto de ley refuerza también las competencias
de las administraciones públicas para evitar que productos inseguros
puedan llegar a manos de los consumidores.
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